Los pilares del sistema político cubano

Independencia, unidad, participación y poder popular, no discriminación y justicia social


El cuestionamiento al sistema político y electoral cubano, constituye uno de los pilares fundamentales de la campaña anticubana que lidera Estados Unidos en materia de democracia y derechos humanos.

En esta campaña, Estados Unidos cuenta con el apoyo de otros países capitalistas industrializados, en su mayoría antiguas metrópolis coloniales, también interesados en imponer a los países en desarrollo un modelo de organización política que les permita continuar controlándolos y sometiéndolos a su dominación.

Los personeros de Washington pretenden demostrar la supuesta incompatibilidad del sistema político que establece la Constitución de la República de Cuba con las normas internacionalmente aceptadas en materia de democracia y derechos humanos, fabricando una falsa imagen de una sociedad intolerante e inmovilista, que no permite la pluralidad y la participación política.

Los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos reconocen que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural”.

En la Declaración y Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena, en 1993, se estableció asimismo que: “la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida”.

El sistema político cubano es genuinamente auténtico y autóctono, está fundado en las experiencias heredadas de su rica historia de lucha por la igualdad y solidaridad entre los hombres y mujeres, la independencia, la soberanía, la no discriminación, la unidad, la participación, el poder popular y la justicia social.

Lo primero que habría que subrayar para explicar el sistema político cubano, es que nuestro modelo no es importado, nunca fue una copia del modelo soviético ni del existente en los entonces países socialistas de Europa Oriental, como quieren hacer ver los enemigos de la Revolución.

Con la aprobación en referéndum popular en 1976 de la Constitución socialista, se avanzó un importante proceso de institucionalización del país, creándose, entre otros, los Órganos del Poder Popular, tales como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado.

En el año 1992, se llevó a cabo una importante reforma constitucional y del sistema electoral cubano, para posibilitar entre otras cuestiones, que la elección de los Diputados a la Asamblea Nacional y de los delegados a las Asambleas Provinciales, se realizara también, como ya era el caso para los Delegados a las Asambleas Municipales, mediante el voto directo y secreto de los electores.

Características del sistema política y electoral cubano:

1- Organización periódica, por sufragio universal e igual y por voto secreto de las elecciones.

2- Inscripción universal, de oficio y gratuita en el registro de electores de todos los ciudadanos con derecho al voto, a partir de los 16 años de edad.

3- Postulación directa de los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales por los propios electores en asambleas públicas, en los que deben nominarse no menos de 2 y no más de 8 candidatos (en muchos países son las cúpulas de los partidos políticos las que nominan a los candidatos).

En el proceso de nominación de candidatos para las Asambleas Municipales, para 14,949 puestos a ser elegidos en octubre del 2002, fueron nominados 32,585 candidatos, en 39,981 asambleas de base, con la asistencia del 81.7% del electorado.

4- Las asambleas municipales postulan los candidatos a delegados a las 14 Asambleas Provinciales y a Diputados a la Asamblea Nacional, aprobando o rechazando, las propuestas de las Comisiones de candidaturas, integradas por los representantes de organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, campesinas, de mujeres y otras. Al final, la última palabra la tiene el pueblo, mediante su voto directo y secreto en las urnas.

Para las últimas elecciones generales de enero del 2003, se desarrollaron 860 plenos de esas organizaciones, con una asistencia promedio superior al 87%. Estos realizaron 57,340 propuestas para delegados a las Asambleas provinciales y para diputados a la Asamblea Nacional, que fueron consideradas por las Comisiones de candidaturas.

Se realizaron consultas para las candidaturas a delegados a las Asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional, sobre las propuestas a Presidentes y Vicepresidentes a las Asambleas Municipales y Provinciales, así como para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y para el resto de los integrantes del Consejo de Estado. En estas consultas en centros de trabajo, estudio, sector cooperativo y campesino, unidades militares, comunidades, etc., participaron 3,068, 878 personas.

Se efectuaron también 11,102 encuentros de presentación de los candidatos en centros de trabajo y estudio, unidades militares, comunidades urbanas y rurales, con la participación de 2,161,159 personas.

Como parte del ejercicio democrático, en el proceso de postulaciones de candidatos en las elecciones generales de 2003, fue necesario que las Comisiones de Candidaturas en dos municipios del país hicieran nuevas propuestas de sendos candidatos a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Provincial, al no ser aprobadas sus propuestas iniciales por las Asambleas municipales correspondientes.

5- Inexistencia de campañas electorales con costos millonarios y con el recurso a la ofensa, la difamación y la manipulación. Todos los candidatos reciben igual tratamiento. La única propaganda aceptada es la publicación oficial de la biografía con los méritos y condiciones de todos los candidatos.

6- Total limpieza y transparencia en las elecciones. Las urnas son custodiadas por niños y jóvenes pioneros, se sellan en presencia de la población, y el conteo de los votos se hace de manera pública, pudiendo participar todos los interesados, incluida la prensa nacional y extranjera, diplomáticos, turistas y aquel que así lo desee.

7- Obligación de que todos los elegidos lo sean por mayoría. El candidato sólo es electo si obtiene más del 50% de los votos válidos emitidos. En el caso de los delegados a las Asambleas Municipales, si este resultado no es alcanzado en la primera vuelta, irán a la segunda los dos que más votos obtuvieron. En el caso de los delegados a las Asambleas provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional, si un candidato no es electo, se debe nominar un nuevo candidato para una segunda vuelta electoral.

En la primera vuelta de las elecciones a delegados de las Asambleas Municipales el 20 de octubre del 2002, fueron elegidos un total de 13 576 delegados, el 90.8 % de los cargos a elegir, al obtener la mitad más uno de los votos emitidos. Por ese motivo se efectuó, el 27 de octubre, una segunda vuelta electoral en 1370 circunscripciones, donde obtuvieron la mayoría requerida todos los cargos a elegir, excepto 3, que fueron elegidos en una tercera vuelta en las 3 circunscripciones correspondientes.

8- El voto es libre, igual y secreto. Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Como no hay lista de partidos, se vota directamente por el candidato que se desee. En los casos de la elección de los delegados a las Asambleas provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional se puede votar por uno, por varios, por todos, o por ninguno de los candidatos.

9- Todos los órganos representativos del Poder del Estado son elegidos y renovables.

En las elecciones para Diputados de enero del 2003, se renovó el 62% de los miembros de la Asamblea Nacional. De los 31 miembros del Consejo de Estado, que tienen que ser elegidos por la Asamblea Nacional, 21 fueron reelectos y 10 renovados.

En el caso de las 14 Asambleas Provinciales, en el 2003 fueron reelegidos 8 Presidentes y 6 Vicepresidentes y elegidos 6 nuevos Presidentes y 8 Vicepresidentes.

En las 169 Asambleas Municipales, fueron reelegidos en octubre del 2002, 95 Presidentes y 72 Vicepresidentes, para un 43.8% y un 57.3% de renovación, respectivamente.

10- Todos los elegidos tienen que rendir cuenta de su actuación a sus electores.

11- Todos los elegidos pueden ser revocados por sus electores en cualquier momento de su mandato.

12- Los diputados y delegados no son profesionales, por tanto no cobran salario por el desempeño de esa responsabilidad.

13- Alta participación del pueblo en las elecciones. En todos los procesos electorales que se han celebrado desde el año 1976, ha participado más del 95% de los electores.

En las elecciones para delegados a las Asambleas Provinciales y para Diputados a la Asamblea Nacional de enero del 2003, votó un 97.64% de los electores. De las boletas para la elección de Diputados resultaron válidas el 96.14%, fueron anuladas el 3% de las boletas y depositadas en blanco sólo el 0.86%.

14- La integración del Parlamento es representativa de los más disímiles sectores de la sociedad cubana.

De 609 Diputados a la Asamblea Nacional, 219 son mujeres, lo que representa el 35.96 % y ocho puntos porcentuales más que en la anterior legislatura del Parlamento; el 99 % son graduados universitarios o de la enseñanza media superior; solo 5 tienen nivel de secundaria básica y uno posee estudios primarios; el 32.84 %, es decir 4 puntos porcentuales más que en la anterior Asamblea Nacional, son negros y mestizos y casi una cuarta parte son trabajadores directos de la producción y de los servicios.

15- Se elige un diputado por cada 20,000 habitantes, o fracción mayor de 10,000. Todos los territorios municipales están representados en la Asamblea Nacional. Cada municipio elige como mínimo a dos diputados, y a partir de esa cifra, se elegirán proporcionalmente tantos diputados como habitantes existan. Hasta el 50 % de los diputados tienen que haber sido elegidos como delegados de las circunscripciones electorales, asegurando por tanto, el haber sido nominados directamente por los propios electores y vivir en el territorio por el que se le postula.

16- La Asamblea Nacional elige de entre sus Diputados, al Consejo de Estado y al Presidente del mismo, por voto libre, directo y secreto. El Presidente del Consejo de Estado es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El Jefe de Estado y Gobierno cubanos tiene que someterse a dos procesos electorales: primero tiene que ser elegido por más de la mitad de los electores como Diputado por la población de su circunscripción electoral, por el voto libre, directo y secreto, y después por la Asamblea Nacional, también por el voto libre, directo y secreto.

17- Al ser la Asamblea Nacional el Órgano Supremo del Poder del Estado y estarle subordinada a ella las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, el Jefe de Estado y de Gobierno no puede disolverla.

18- La iniciativa legislativa es patrimonio de múltiples actores de la sociedad, no sólo de los diputados, del Tribunal Supremo y la Fiscalía General, sino también de las organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, sociales y de los propios ciudadanos, requiriéndose en este caso que ejerciten la iniciativa legislativa 10,000 ciudadanos como mínimo que tengan la condición de electores.

19- Las leyes se someten al voto mayoritario de los Diputados. Lo específico del método cubano es que una ley no se lleva a la discusión del Plenario de la Asamblea Nacional hasta tanto, mediante consultas reiteradas a los diputados y teniendo en cuenta las propuestas que han hecho, quede claramente demostrado que existe el consentimiento mayoritario para su discusión y aprobación.

¿Por qué existe un único partido político en Cuba?

La Constitución de la República de Cuba, por elección y decisión soberana de su pueblo, reconoce la existencia de un solo partido político en el país, el Partido Comunista de Cuba (PCC). Este no es un partido político a la usanza tradicional de la llamada democracia liberal burguesa. No es un partido electoral. Por las restricciones que impone la Ley, y por el hecho mismo de que el PCC no es un Partido electoral, no propone ni elige a ningún candidato. No participa en los procesos de elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (órgano supremo del Estado cubano), de los miembros del Tribunal Supremo Popular, ni del Presidente del Consejo de Estado.

Corresponde al PCC un papel de orientación, supervisión y garante de la democracia participativa y de un desarrollo sostenible con equidad y justicia social en la sociedad socialista cubana.

El Partido desarrolla su labor mediante la persuasión, el convencimiento y en estrecha y permanente vinculación con los ciudadanos. Sus filas la integran destacados obreros, campesinos, intelectuales, artistas, científicos, elegidos por sus méritos personales y compromiso con el bienestar común. Las decisiones que adopta son de obligatorio cumplimiento únicamente para sus militantes. Esta concepción y práctica, garantizan que en un sistema donde existe un solo partido, se potencie y prevalezca la más amplia pluralidad de opiniones.

El PCC es el partido de la unidad e independencia de todo el pueblo cubano. Es el heredero y la continuidad histórica del Partido Revolucionario Cubano, fundado por nuestro Héroe Nacional, José Martí, también como partido único de todos los cubanos para llevar adelante su Revolución.

Aquellos objetivos que dieron origen a dicho Partido: liberar a Cuba, impedir su anexión a los Estados Unidos y unir a todos los sectores y fuerzas independentistas en una sola organización política, teniendo en cuenta que la división fue causa fundamental del fracaso de las guerras precedentes por la independencia, son los mismos objetivos que están presentes hoy, cuando el pueblo cubano enfrenta un férreo bloqueo económico, comercial y financiero y otras acciones agresivas de EE.UU. que tienen como objetivo dividirlo, deponer el gobierno y destruir el sistema instaurado en el país por decisión soberana de todos los cubanos.

El Partido es fruto de la integración y la unión voluntaria de los revolucionarios cubanos de distintas organizaciones que enfrentaron la dictadura y el sistema neocolonial impuesto al pueblo cubano por los Estados Unidos. Distintas fuerzas revolucionarias se agruparon seis años después del triunfo revolucionario de 1959 en el Partido Comunista de Cuba bajo una meta común: la unidad, para hacer posible un proyecto de democracia, solidaridad, independencia y desarrollo de la nación cubana, cuyo objetivo es la construcción del socialismo en Cuba.

El pueblo cubano conoce perfectamente las características y “bondades” del sistema pluripartidista que tanto promueve Estados Unidos; lo conoció en carne propia durante media centuria. Lo paradójico es que la superpotencia trata de imponer a los demás lo que ella misma no ha realizado. En Estados Unidos existe en la práctica un sistema de partido único, el partido del capital y las transnacionales, que cambiando periódicamente su disfraz, se las ha arreglado para mantenerse en el poder por más de 200 años.

Estados Unidos empujó el aniquilamiento del Partido Revolucionario Cubano e impuso al pueblo cubano en 1902, como herramienta de división y control neocolonial, un sistema político de varios partidos, que sólo sirvió para profundizar la pobreza, la corrupción y la entrega de las riquezas nacionales a los capitales estadounidenses. Esos partidos políticos fomentados por la metrópoli neocolonial, demostraron su incapacidad y falta de voluntad para enfrentar la sangrienta dictadura batistiana; por el contrario, muchos de ellos recibieron y lucraron con las migajas que le entregaba el brutal dictador.

Al triunfar la Revolución Cubana, una de las primeras demandas populares fue la de poner fin a la politiquería y a la corruptela de los partidos políticos tradicionales. El clamor unánime fue el de Unidad. Los partidos tradicionales existentes se auto-disolvieron y sus cúpulas dirigentes abandonaron el país con destino a Miami.

La sociedad civil cubana

El proceso de transformaciones revolucionarias emprendido por el pueblo cubano desde su propio triunfo en el año 1959, potenció una sólida, amplia, representativa y pujante participación ciudadana.

La sociedad civil cubana posibilita, garantiza y viabiliza la participación directa de los cubanos y las cubanas en el debate, presentación de propuestas y adopción de decisiones sobre todos los asuntos de interés de la nación cubana: su vida política, su desarrollo económico, su defensa, su identidad y desarrollo cultural, sus relaciones exteriores, la distribución de su riqueza y la protección de su patrimonio material e inmaterial, etc.

Además de las numerosas organizaciones sociales y de masas, profesionales, científicas, culturales e incluso religiosas que han sido creadas en las últimas cuatro décadas, a las organizaciones que fueron establecidas antes de 1959 y que no participaron o apoyaron los desmanes y crímenes del régimen dictatorial de Fulgencio Batista, le fueron respetados todos sus derechos y la mayoría de ellas continúa operando activamente en la Isla.

La sociedad civil en Cuba, está integrada por más de 2200 organizaciones, entre las que destacan las organizaciones sociales y de masas y las organizaciones o asociaciones científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que funcionan en virtud de la Ley de Asociaciones (Ley 54).

Las organizaciones de masas y sociales agrupan a cientos de miles y algunas a millones de miembros y por su importancia, son reconocidas incluso en el texto de la Constitución cubana, en particular, en su artículo 7. Por su amplia membresía, representatividad y capacidad de movilización, el sistema político cubano garantiza a estas organizaciones no gubernamentales amplios poderes y capacidad propositiva, de consulta y opinión, e incluso de decisión, en el ejercicio de la democracia participativa instituida por el orden constitucional vigente.

En su artículo 103, la Carta Magna cubana establece que los órganos de gobierno territorial actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales. Estas tienen reconocida constitucionalmente su capacidad de iniciativa legislativa.

Más allá de lo antes expuesto, debe señalarse que la última reforma constitucional que tuvo lugar en el año 2002 declarando, frente a las amenazas del Presidente Bush, el carácter irrevocable el sistema político y social socialista y prohibiendo negociar acuerdos bajo agresión, amenaza, o coerción de una potencia extranjera, fue promovida por una solicitud conjunta de varias organizaciones sociales y de masas, respaldada por la firma voluntaria de más de 8 millones de ciudadanos registrados como electores, es decir, más del 98 % del electorado cubano.

En virtud de la Ley Electoral, las comisiones que proponen los candidatos a integrar las Asambleas Municipales, Provinciales y la Nacional del Poder Popular se integran por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), designados —según el caso— por las direcciones municipales, provinciales y nacionales de esas organizaciones.

Entre las organizaciones sociales y de masas aparecen algunas de larga trayectoria, como la Central de Trabajadores de Cuba (creada en 1939 y que agrupa a 19 sindicatos) y la Federación de Estudiantes Universitarios (fundada en 1922). Varias otras surgieron al calor del triunfo revolucionario y por la necesidad de brindar a amplios sectores de la población la posibilidad de convertirse en actores directos del proceso de cambios. Ese fue el caso por ejemplo, de la Federación de Mujeres Cubanas (más del 50% de los cubanos son mujeres), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Unión de Periodistas de Cuba.

Como se expresara, existe otro tipo de organizaciones o asociaciones no gubernamentales en Cuba, con una membresía por lo general mucho más pequeña, de naturaleza científica o técnica, cultural y artística, deportiva, de amistad y solidaridad, etc, entre ellas culinarias, médicas, de técnicos azucareros, de arquitectos e ingenieros, de técnicos agrícolas y forestales, medio ambientalistas, de filósofos, historiadores y profesionales de las ciencias sociales y políticas, de protección de la naturaleza, de miembros o descendientes de diferentes nacionalidades.

Actualmente existen en Cuba 2221 organizaciones o asociaciones no gubernamentales de este tipo, de ellas 1101 fraternales, 175 científicas, 142 de amistad, 52 culturales, 395 deportivas y 356 de interés social.

Este segundo grupo de organizaciones o asociaciones operan en virtud de la Ley No. 54 de 1985, Ley de Asociaciones y su Reglamento, que establece los requisitos para su creación, registro y funcionamiento.

Las restricciones planteadas al registro de organizaciones no gubernamentales en Cuba son las mismas que existen en la mayoría de los países del mundo: deben tener un fin no lucrativo, sus finanzas deben ser transparentes y estar disponibles a la auditoría de la entidad gubernamental de vínculo, deben tener un número mínimo de 30 miembros, sus actividades no deben resultar lesivas al bienestar público o al de otros individuos y entidades privadas, deben respetar el orden constitucional y la legalidad y no deben oponerse a los principios de humanismo, independencia, solidaridad, no discriminación, equidad y justicia social que rigen a la sociedad cubana.

Uno de los requisitos esenciales para la integración de todas las organizaciones de la sociedad civil cubana, incluidas las sociales y de masas, es la afiliación voluntaria de sus miembros.

Otra de sus características distintivas es su estructura y normas de funcionamiento democráticas. Todos sus dirigentes en las distintas instancias están sujetos a elección. Celebran reuniones de afiliados periódicamente, que permiten debatir y tomar decisiones sobre cualquier cuestión de interés para la organización. La mayoría tienen previsto en sus actas constitutivas o estatutos la celebración periódica, cada 4 o 5 años, de Asambleas de sus miembros en los niveles de base, municipal y provincial, así como Congresos, a nivel nacional.

Estos tienen por fines la elección democrática por voto directo y secreto de sus dirigentes, la rendición de cuenta de estos y la evaluación del trabajo de la organización en el período de mandato precedente, así como la discusión, formulación y aprobación de sus programas, tareas y planes de acción para el período siguiente.

Las falsas alegaciones de Washington acerca de la inexistencia de una sociedad civil independiente en Cuba no resisten el debate. El propio Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), ha conferido la entidad consultiva a más de 10 organizaciones no gubernamentales cubanas, las cuales contribuyen regularmente a los trabajos de sus órganos subsidiarios.

Los requisitos y la información para el registro legal y el escrutinio de las organizaciones no gubernamentales cubanas son coherentes con los que exige el Comité de Organizaciones No Gubernamentales del ECOSOC, en virtud de la Resolución 1996/31 del Consejo, para el otorgamiento de la entidad consultiva y el seguimiento de las actividades de las ONGs.

Entre las organizaciones no gubernamentales cubanas con categoría consultiva pueden ser citadas: Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Centro de Estudios Europeos (CEE), Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), Sociedad Cultural José Martí, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Centro Félix Varela y Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía.

Existen otras organizaciones internacionales con sede en La Habana que también han recibido la entidad consultiva del Consejo, entre ellas: Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL) y Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE).

La independencia en el funcionamiento de las ONGs cubanas está garantizada por Ley. El Gobierno cubano no interfiere en modo alguno su funcionamiento; tampoco financia sus gastos administrativos. El Gobierno sólo apoya financieramente determinados proyectos que éstas ejecutan en interés social y comunitario. Ellas también participan en la canalización y ejecución de una parte importante de la ayuda financiera que recibe el país como asistencia extranjera al desarrollo.

Por otra parte, Cuba tiene relaciones y contactos sistemáticos de cooperación con más de 344 ONGs de 19 países, de ellas 134 de América del Norte y 210 de Europa. Al menos 147 ONGs de varios países ejecutan acciones de cooperación y 52 cooperantes extranjeros residen de forma temporal en nuestro país en el marco de proyectos de cooperación.

Todas las organizaciones no gubernamentales en Cuba, tienen personalidad jurídica, así como patrimonio propio. La legislación establece que su patrimonio se integra a partir de las cuotas de contribución de los asociados, donativos y otros ingresos económicos autorizados, como la venta de publicaciones, la organización de eventos, etc.

El Gobierno recibe de las organizaciones de la sociedad civil cubana apoyo, pero también opiniones, propuestas y críticas, que no siempre son favorables a los proyectos, medidas y acciones diseñadas y concebidas por las entidades gubernamentales.

Sin embargo, esas organizaciones no necesitan recurrir a la confrontación para alcanzar sus objetivos; el Gobierno, en todos los niveles, las consulta permanentemente y respeta sus amplias potestades como partícipes en la formulación y decisión de políticas y programas. Esto fue cierto incluso, en momentos y sobre asuntos tan complejos, como la adopción y aplicación de las medidas de reestructuración económica que el país se vio obligado a asumir para enfrentar el período especial a partir de 1990.

La sociedad civil en Cuba existe como complemento y no en contraposición del Estado; este último institucionaliza y representa el poder de las amplias mayorías del pueblo cubano: de los obreros, campesinos, y todos los trabajadores, intelectuales, artistas e investigadores en los ámbitos de la educación, la salud, la ciencia y los servicios, entre otros.

Esta relación de armonía no favorece los intereses de Estados Unidos, que necesita para favorecer los objetivos de su política imperialista promover la división y desintegración de la sociedad cubana. Sin embargo, ¿dónde está escrito o dicho que las organizaciones de la sociedad civil para ser independientes deben confrontar u oponerse al gobierno de su país? Eso es necesario sí, en el caso de sociedades plutocráticas, como la estadounidense, pero no en el marco de una democracia popular y participativa como la cubana.

El ejercicio del derecho de sindicación

En Cuba, la legislación vigente y la práctica cotidiana en todos los centros de actividad laboral en el país, garantizan el pleno ejercicio de la actividad sindical y el más amplio disfrute del derecho de sindicación. Lo anterior queda corroborado en la existencia de 19 sindicatos nacionales, 5 426 buroes sindicales con 50,356 dirigentes sindicales territoriales, y 109,522 secciones sindicales de base con 714,593 dirigentes.

La existencia en Cuba de una central sindical unitaria, que reúne a los 19 sindicatos nacionales, no ha sido una imposición del Gobierno, ni responde a disposición alguna que no sea la voluntad soberana de los trabajadores cubanos. La lucha por la unidad del movimiento sindical en Cuba tiene una profunda y larga tradición. Fue en 1938 - mucho antes del triunfo de la Revolución Cubana – que se constituyó, por la libre y propia decisión de los trabajadores cubanos de la época, la Confederación de Trabajadores de Cuba, que se convirtió al año siguiente en Central de Trabajadores de Cuba.

La unidad del movimiento obrero en Cuba ha sido decisiva en el éxito de su lucha y reivindicaciones y en la defensa de su actual ejercicio del poder.

La dictadura sangrienta de Fulgencio Batista (1952-1958), estableció como una de las prioridades de su régimen tiránico, la destrucción de la unidad del movimiento sindical alcanzada con la CTC. Nunca tuvo éxito. A pesar de la creación artificial de sindicatos amarillos dirigidos por delincuentes pagados por el tirano y las empresas de la metrópoli neocolonial, los trabajadores cubanos nunca se dejaron engañar y permanecieron unidos en su central única.

Ni el Código de Trabajo vigente en Cuba, ni la legislación complementaria, establecen restricciones para la creación de sindicatos. Todos los trabajadores cubanos, tienen el derecho de afiliarse libremente y de constituir organizaciones sindicales, sin necesidad de autorización previa. En nuestro país todos los sindicatos y la Central de Trabajadores de Cuba llevan adelante sus actividades y programas con total independencia. Los sindicatos redactan y aprueban sus estatutos y reglamentos, adoptan la estructura de sus organizaciones, sus métodos y estilos de trabajo propios.

Los trabajadores afiliados a cada sindicato, proponen y eligen a sus dirigentes en los distintos niveles, desde las asambleas de trabajadores en la base, hasta los respectivos congresos que celebran periódicamente, con absoluto respeto a la más estricta democracia sindical. Los representantes sindicales democráticamente elegidos por los trabajadores, participan con amplias potestades en los Consejos de Dirección donde se toman las decisiones que los afectan, tanto en los niveles básicos empresariales, como en los propios organismos e instituciones de la Administración Central del Estado.

El Código de Trabajo establece las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la actividad sindical en todos los centros de trabajo del país y para la más amplia participación de los trabajadores y sus representantes en el proceso de adopción de todas las decisiones que atañen a sus más variados intereses.

Un objetivo prioritario de los trabajadores de todo el mundo, como el del pleno empleo, se ha hecho realidad para los cubanos en el de cursar del 2004.

Los medios de difusión y la prensa

Cuba concede la mayor importancia no sólo a la protección sino a la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que tienen rango constitucional y han sido desarrollados en su ordenamiento jurídico.

La Revolución cubana desde sus primeros días, incorporó como una de las prioridades en el desarrollo de sus políticas y programas, la superación de los obstáculos estructurales e institucionales al pleno disfrute de este derecho en el país. Una de las primeras acciones revolucionarias fue la erradicación del analfabetismo. Por otra parte, se propició y estimuló el desarrollo de numerosas organizaciones populares y sociales, que han demostrado su eficacia en el libre flujo e intercambio de ideas.

Las transformaciones revolucionarias permitieron al pueblo cubano tomar en sus manos el control de los medios de información y comunicaciones, al llevarse a cabo la nacionalización de los mismos. Todos los cubanos tienen garantizado un acceso amplio a la información más diversa. A pesar de las limitaciones de recursos y oportunidades de acceso que impone el bloqueo de Estados Unidos, son numerosos los medios de difusión masiva y de prensa al servicio del pueblo cubano, los que tienen una clara función pública en la Isla.

Están prohibidos por ley los monopolios privados, nacionales o transnacionales, de la información y las comunicaciones. No se permite el uso de estos medios para la propaganda comercial o la incitación al odio racial, la pornografía, la incitación a la violencia y otros tantos males que aquejan a estos medios en el mundo Occidental.

Los cubanos tienen la posibilidad tanto de recibir, como de ser sujetos en la elaboración de la programación y el contenido que se transmite por los medios de difusión masiva y la prensa, lo que garantiza la más amplia pluralidad. Estos medios son utilizados para propiciar el debate y la crítica ciudadana, para diseminar información y para educar a los niños y jóvenes en un espíritu de justicia social, libertad, igualdad y solidaridad humana.

Sin embargo, no puede obviarse una realidad que afecta a Cuba, país sometido a una política de hostilidad y guerra no declarada por una potencia extranjera. Bajo estas condiciones, la desinformación y la manipulación de noticias se convierten en herramientas de agresión. El escrutinio de la legitimidad de la fuente y la veracidad de la información se transforma en una necesidad de seguridad nacional. La sanción a los responsables de acciones de propaganda enemiga deviene perentorio recurso de legítima defensa.

En los modelos de sociedades neoliberales que se pretende imponer a todos los pueblos del mundo, el acceso a los medios de información y comunicaciones, y la divulgación de opiniones, quedan supeditados a los recursos económicos del particular o grupo de particulares interesados en ejercer ese derecho.

El modelo cubano de desarrollo tiene como premisa esencial el acceso universal a los servicios sociales básicos y de satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos, entre ellos los servicios de información y comunicaciones. En Cuba las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen bienes al servicio de todo el pueblo. El entrenamiento y la capacitación en su uso son gratuitos. Su explotación y el acceso a sus servicios, se rigen por claras políticas y se benefician de programas dirigidos a potenciar su uso por todos los cubanos y cubanas.

Las prioridades en cuanto a la conexión a esos servicios, incluido Internet, están determinadas por la máxima de que los escasos recursos disponibles deben beneficiar al mayor número posible de individuos. Es por ello que se facilita y prioriza el acceso a través de puntos de interés social y comunitario, tales como escuelas, universidades, centros hospitalarios y de salud, bibliotecas, centros de investigación, unidades de la administración local, provincial y nacional, centros culturales y de arte. En el orden individual, se privilegia en la distribución de las capacidades de conexión a médicos, intelectuales, investigadores y académicos, entre otros.

Se extiende el empleo masivo de equipos de computación para impartir conocimientos a adultos, adolescentes y niños desde la enseñanza pre-escolar. La totalidad de las escuelas del país, 93 de las cuales tienen un solo niño, han iniciado el presente curso escolar con 46 290 computadoras al servicio de todos sus estudiantes, lo que beneficia al 100% de la matrícula de las escuelas primarias, secundarias y el preescolar. Los Joven Club de Computación y Electrónica han capacitado en la explotación de estas tecnologías a más de medio millón de cubanos.

El país cuenta hoy con un estimado de 270 000 computadoras, el 65 por ciento de ellas conectadas en red; existen 1 100 dominios punto cu, más de 750 sitios en Internet y más de 480 000 cuentas de correo electrónico.

Cientos de miles de personas acceden en Cuba a Internet, y cada día serán más las que lo hagan, según las condiciones económicas del país lo permitan. Solo a través de INFOMED, el servicio de Internet de la Salud Pública, acceden personalmente cerca de 30 000 profesionales, médicos y paramédicos. En la Educación Superior prácticamente todos los profesores y la gran mayoría de los estudiantes se comunican con Internet, con restricciones vinculadas solo al tiempo de máquina disponible y a las velocidades que permiten nuestras redes.

En las condiciones de un país en desarrollo bloqueado, y ante la imposibilidad de destinar mayores recursos al desarrollo de la televisión, la radiodifusión sigue desempeñando un papel vital en la participación ciudadana en la Isla. Existen 76 emisoras radiales que transmiten básicamente en onda media y frecuencia modulada. De ellas 8 son de cobertura nacional, 16 provinciales y 51 municipales y comunitarias, a las que se añade 1 con transmisiones internacionales en onda corta.

Son 3 los canales nacionales de televisión, a los que se añadirá otro en los próximos meses. Existen 15 centros de televisión provinciales, entre ellos uno en el Municipio Especial de la Isla de la Juventud y un telecentro para la población que vive en las montañas y serranías.

La programación televisiva incluye documentales, telenovelas, seriados, filmes y materiales educativos, científicos e informativos de factura extranjera. Aproximadamente el 20% de la programación que se televisa no es producida en Cuba.

Tuvo especial impacto en el incremento de las vías para el libre flujo de información y opiniones la puesta en funcionamiento de un canal televisivo dedicado esencialmente a la educación, que logra una cobertura de más del 85% de la población y que transmite más de 15 horas diarias como promedio. El cuarto canal cumplirá propósitos similares.

Cuba emite hacia el mundo las señales de Cubavisión Internacional.

En cuanto a los diarios y las publicaciones seriadas, existe un total de 577 publicaciones en el país. Destacan entre ellas 26 periódicos, de los cuales 3 son de alcance nacional (entre ellos el periódico de los sindicatos: “Trabajadores”), 14 provinciales y 8 territoriales, así como uno internacional.

Entre el resto de las publicaciones seriadas, principalmente revistas, 335 son de carácter público, entre las cuales 37 dedicadas a las artes y la literatura, 21 al cine, 76 a la medicina y a la salud pública, 30 a la agroindustria azucarera, 23 a las tecnologías y las construcciones, 15 a las ciencias sociales, 17 a la economía y a las finanzas, 15 a la educación y a la pedagogía, 17 a las ciencias biológicas y a la biotecnología, 22 a la normalización y la propiedad intelectual, 12 a la industria y al transporte, etc.

Otras publicaciones seriadas incluyen 32 pertenecientes a instituciones religiosas, 11 a entidades privadas, 9 a organizaciones sociales y de masas y 63 a otras organizaciones no gubernamentales, así como 17 a las organizaciones políticas.

Destacan 78 publicaciones seriadas que además de aparecer en formato plano lo hacen en versión digital, mientras 127 lo hacen sólo en formato digital.

Con tanta variedad de editores, productores, periodistas y reporteros, con tantas posibilidades y garantías para la participación directa de los ciudadanos en la programación y transmisiones de los medios públicos de difusión, con un número tan significativo para un pequeño país de emisoras radiales, sitios de Internet, revistas y periódicos, ¿quién podría sostener seria y objetivamente el criterio de que en Cuba no existe pluralidad en los medios de difusión y prensa?. Y por cierto, si no existen más, es básicamente por las limitaciones de papel y en la capacidad de emisiones radiales y televisivas a consecuencia del subdesarrollo y el bloqueo estadounidense.

El derecho de petición y la defensa de los derechos humanos frente a eventuales actos violatorios.

En virtud del artículo 63 de la Ley Fundamental de la República, todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley.

Estos enunciados tienen su corolario en la legislación de la Administración Central del Estado que recoge y desarrolla este derecho, estableciendo las formas y procedimientos que los organismos que la integran deben seguir para responder los planteamientos que reciban de la población directamente, o los que esta les haga llegar por intermedio de sus representantes elegidos.

Cada cubano o cubana o sus representantes pueden presentar quejas o denuncias de violaciones a sus derechos y exigir respuesta de instancias tales como:

- Fiscalía General de la República y en particular, su Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos. La Fiscalía, mediante el artículo 8, inciso c), de la Ley No. 83 de 1997, recibió la encomienda de atender las reclamaciones que presentaran los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos y se le atribuyó por el artículo 24 de la propia Ley, en su inciso 2), la de disponer mediante resolución emitida por el fiscal, que se restableciera la legalidad.

- Organizaciones Sociales y de Masas.

- Policía Nacional Revolucionaria y en particular, sus mecanismos de atención a la población.

- Entidades de atención a la población en la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y en cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado.

- Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y Consejos de la Administración Municipales y Provinciales, así como las propias estructuras permanentes de la Asamblea Nacional.

- Consejo de Estado

- Comités Municipales, Provinciales y Central del Partido Comunista de Cuba.

En Cuba existen las garantías jurídicas para que cualquier persona - sea ciudadano cubano o sea extranjero - pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales o las autoridades facultadas, en procura de defensa ante actos violatorios de los mismos.

El pueblo cubano sigue adelante con un proceso revolucionario de permanentes transformaciones para la profundización de la democracia y participación popular. Los cambios han sido y seguirán siendo muchos; todos sin embargo, en el marco del orden constitucional socialista cuya irrevocabilidad ha decidido una abrumadora mayoría de la nación cubana. No se pretende demostrar unanimidad; por el contrario, existe una amplia y variada diversidad de opiniones y vías para canalizarlas.

Sólo con un Gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, con una democracia permanente, verdadera y participativa, ha podido la nación cubana resistir los desafíos de la abrupta desaparición del campo socialista en Europa Oriental y la desintegración de la Unión Soviética - con los cuales mantenía justas relaciones económicas de intercambio -, que ha concomitado con el recrudecimiento de la política de hostilidad y bloqueo de los EE.UU..

Capítulo XI del libro “Cuba y su defensa de todos los derechos humanos para todos”.

Texto extraído de la página web de “Cuba Socialista”

www.cubasocialista.cu

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